Xalapa, Ver.- El diputado del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Tito Delfín Cano, cuestionó a la
titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC) Estatal, Yolanda Baizabal
Silva, en relación al gasoducto Xalapa-Coatepec.
La secretaria contestó que una
empresa debe cumplir con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía y
luego de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de
anuencias por parte del industrial ante la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), la Comisión Nacional de Agua (Conagua), y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
El diputado Ángel Armando López
Contreras, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), preguntó en relación al gasoducto en su etapa de la avenida Araucarias
hacia el circuito Presidentes en la ciudad de Xalapa y cómo se capacitará a la
ciudadanía en caso de desastre.
La participación de la diputada
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), estuvo centrada en otorgar un reconocimiento a la
funcionaria estatal debido al apoyo brindado en la contingencia ambiental
registrada en el municipio de Santiago Tuxtla y la región.
Para la segunda ronda, el diputado
José Luis Enríquez Ambell, del PAN, cuestionó sobre cómo se eligen a las
personas que van a ser apoyadas por las afectaciones causadas por fenómenos
naturales, la titular de SPC señaló que el procedimiento inicia con el
Ayuntamiento, quien es el encargado de informar sobre los daños, y levantar el
formulario de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), en el que
se detallan las afectaciones que ocurrieron y a cuántos.
Por el PRD, el diputado José Kirsch
Sánchez, requirió información sobre las acciones que ha tomado la dependencia
para proteger al medio ambiente por la aplicación de la técnica fracking, la
secretaria respondió que las Secretarías de Medio Ambiente y Protección
Civil trabajan juntas con el objetivo de prevenir afectaciones, señaló que al
autorizar proyectos se deben desarrollar dictámenes debidamente avalados a
través de un proceso transparente y honesto que garantice la procuración del
medio ambiente.
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