Tamiahua, Ver.- La alcaldesa electa de este
municipio, Citlalli Medellín Careaga, mantiene su postura enérgica en contra de
los intereses mezquinos, así como de la violencia política que se ejerce en su
contra cotidianamente por pseudolíderes pesqueros, manejados directamente por
el diputado local Arturo Esquitín Ortiz, toda vez que éste continúa con las
amenazas para impedir la toma de posesión de la próxima administración
municipal, lo que representa a todas luces un delito federal.
Estos grupos están compuestos por
personajes que se verán afectados al no acceder a recursos económicos por la
vía del chantaje y la extorsión, una vez que la empresa Transcanada otorgue
beneficios de forma transparente a través de obra pública, donde se beneficie
la población de Tamiahua en su totalidad y no a un grupo de dudosa procedencia,
sin representación social.
Durante la rueda de prensa del diputado
local, donde estuvo acompañado de grupos ajenos al municipio, mencionaron su
pretensión de solicitar el 3% de la obra del gasoducto Sur Texas-Tuxpan, para
beneficio social exclusivo de estos lidercillos, asociados con el legislador
local.
La Constitución del Estado de Veracruz no
le da ni le ha dado al Congreso o legislador alguno la potestad para requerir
cualquier tipo de apoyo económico, sea la causa que se alegue. Tampoco está
estipulado en ley alguna que cualquier diputado se ostente como representante
de un municipio para pedir recursos económicos a una empresa que ganó una
licitación federal, en cuyo caso correspondería dirigir toda inconformidad a
las agencias del Estado, encargadas de la política regulatoria y ambiental, en
caso de que hubiere algún incumplimiento a lo establecido en el manifiesto de
impacto ambiental y en la evaluación de impacto social.
La alcaldesa electa sólo ha demostrado el
interés total a favor de los tamiahuenses, del sector pesquero que cuenta con
reconocimiento legal ante las autoridades, de la preservación del medio
ambiente y el beneficio social sin intermediarios, pero no solapará parásitos
que buscan resolver sus vidas a costa de la manipulación y enajenación de
recursos que no les corresponden.
Medellín Careaga puntualizó su postura para
defender y solicitar la garantía que ofrece la empresa Transcanada para mitigar
y resarcir cualquier impacto ecológico y social. Así mismo, indicó también que
el hecho de contar con los permisos y requisitos ambientales aprobados por las
instancias federales pertinentes se demuestra la legalidad del gasoducto.
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