Ciudad de México.- El
fiscal está ahí enfrente, sentado, con la cara dura. La pequeña, de cuatro
años, quiere salir corriendo. La investigación para procesar a quien la abusó
sexualmente le está resultando un trauma adicional. No entiende los tecnicismos
del Ministerio Público, ni por qué está ahí intentando convencerlos de lo que
pasó o de qué sirve todo eso.
Así reconstruye Analía
Castañer, coordinadora del grupo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia (Atij), uno de los
casos que el colectivo ha documentado en el Estado de México sobre lo que
sucede cuando un menor se presenta a declarar sobre un abuso sexual sin
acompañamiento especializado.
La historia de la niña no
para ahí. Entre el miedo y los nervios se ha enredado mucho. Empieza a contar
lo sucedido, pero ante las muchas preguntas, no puede seguir. Empieza a pensar
que ese señor de enfrente no le cree y se calla. El fiscal concluye que la declaración es confusa e imprecisa y la investigación
se cae. No hay castigo para quien la abusó, y ella sale de ahí como
víctima doble: de una violación y de que las autoridades crean que ha sido
capaz de inventar una mentira semejante.
En México, de acuerdo con
datos de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas
(Adivac), hay cerca de 4.5
millones de casos de abuso sexual durante la infancia. Se estima que
alrededor de 10 por ciento denuncia y, de esos, sólo 1.5 por ciento llega a
juicio.
El Informe de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) reporta que de 2010 a 2015 fueron
consignados en averiguaciones previas, a nivel nacional, 67 mil 548 casos de
delitos sexuales contra mujeres, de ellas 28 mil 672 estaban entre 0 y 15 años
de edad.
Mientras que 12 mil 576 de
las víctimas son hombres, y de ellos, 7 mil 300 estaban entre 0 y 15 años de
edad. Los datos brindados por los organismos de procuración de justicia,
consultados por la Ceav para el informe, evidencian que casi cuatro de cada
diez (37.48 por ciento) personas que figuran como víctimas de violencia sexual
en las averiguaciones previas tienen menos de 15 años.
Para un menor es muy
difícil atravesar la ruta de la impartición y procuración de justicia. “Es un
enorme embudo. Ya de por sí es difícil que hablen de lo que les pasó y luego
está esto de lo difícil que es conseguir que se haga justicia. Si el sistema en
general funciona mal en México, imagínate lo que es llegar con un niño chiquito
a que le tomen una declaración. No encuentras personal que esté preparado para
hacerlo”, dice Castañer.
De acuerdo con el protocolo
de actuación para las autoridades en casos que afecten a niñas, niños y
adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012,
todos los menores de edad que se presenten a declarar deben tener el
acompañamiento de un especialista.
Un
niño no puede ir a declarar sin antes haber recibido información que le permita
entender de qué se trata –asegura
Castañer–, porque la complejidad de un proceso de justicia no es asequible para
ellos. Cognitivamente les resulta imposible entender palabras técnicas o toda
la complejidad de lo que sucede en una diligencia.
Necesitan un lenguaje
diferente, una especie de traductor previo que les explique: de qué se trata,
por qué así, quiénes son las personas que están presentes y por qué a él o ella
le toca ir a hablar, qué sentido tiene, para qué le sirve. Sin embargo, estima
la especialista, en la actualidad sólo uno o dos de cada 10 niños que van a
denunciar un abuso sexual tiene este tipo de acompañamiento.
Por Animal Político
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