Ciudad de México.- El comercio ambulante debe ser reconocido como tal en la Constitución, a fin de garantizar el derecho al trabajo de las personas que venden productos y servicios en la calle, y eliminar la irregularidad legal que los vuelve presa fácil de intereses políticos en tiempos electorales, señalan investigadores y los propios vendedores.
“Somos una válvula de escape. La economía la generamos nosotros y hemos contribuido a que prevalezca la paz social en el país”, sentencia María Rosete, del Frente Metropolitano de Vendedores en Vía Pública. La lideresa de ambulantes pide que sean reconocidos como el sector económico más importante del país y que las decisiones sobre el ambulantaje incluyan su participación para erradicar la situación de desigualdad y vulnerabilidad que padecen.
La economía informal en México tuvo en 2015 una participación de 23.6 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), generada por 58 por ciento de la población ocupada en actividades económicas informales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que por cada 100 pesos generados de PIB en el país, casi 24 los generan los trabajadores informales.
Si bien el concepto de economía informal abarca a todo trabajador que no cuente con seguridad social -incluidos los del hogar y los que realizan agricultura de subsistencia-, los comerciantes son mayoría en este sector: 33.6 por ciento del trabajo informal proviene del comercio, de acuerdo con el Inegi.
Por Animal Político
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