Xalapa, Ver.- Al comparecer ante el Congreso local, la secretaria
de Trabajo y Previsión Social, Silvia Mota Herrera acusó a sus antecesores
Gabriel Deantes Ramos y Fernando Aguilera de haber expedido 121 registros
sindicales, los cuales no cumplieron con la Ley Federal del Trabajo.
Dijo que tales registros no se observaron las limitantes y lineamientos
establecidos en el marco normativo que rige a las organizaciones sindicales.
En consecuencia de ese actuar no apegado a la legalidad se generó una
inestabilidad social en el ámbito laboral, dado que esto motivo el derecho para
emplazar a huelga para la firma de contratos colectivos.
“En el jurídico encontramos, que los expedientes no estaban
correctamente integrados y en algunos casos se omitió su defensa al no acudir a
las audiencias”, añadió.
Comentó que en materia de inspección del trabajo, que es una de las
funciones sustantivas de esta dependencia, encontró falta de recursos humanos,
materiales y financieros para operar, lo que generó una estructura ineficiente
e impactó en los trabajadores al no estar protegidos en sus derechos laborales.
Otras irregularidades detectadas fue que en la impartición de justicia
encontró que las 16 Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, así como los
3 Centros Regionales de Conciliación no contaban con personal suficiente para
el desahogo de las funciones y actividades que se realizan.
“En algunas de ellas, sus titulares eran personas que no tenían el
perfil idóneo y no cumplían con los requisitos exigidos por la Ley Federal del
Trabajo, dado que su experiencia laboral era en funciones de Ministerio
Publico”, añadió.
Igualmente acusó que la mayoría de los inmuebles se recibieron en
condiciones deterioradas y con falta de mantenimiento; el 35 % del equipo de
cómputo e impresoras, descompuesto y obsoleto y el mobiliario en mal estado.
En el concepto de arrendamientos de los inmuebles que ocupan las Juntas
Especiales de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz,
Córdoba y Coatzacoalcos, se adeudan las rentas de enero a noviembre de 2016.
Lo anterior, provoca inestabilidad para operar ante los reclamos de los dueños
de los inmuebles y las amenazas con cerrar las oficinas.
Por Alejandro García
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